(Ingrata tapa de Revista La Primera, Año 2000)
En los medios siempre encontramos titulares que relacionan el delito con el extranjero. No es casual que en época electoral se muestren a los inmigrantes como los responsables de las privaciones de argentinos, de los delitos y de la inseguridad, desestimando otros factores, como la connivencia entre las grandes mafias y las autoridades que permiten la permanencia de sistemas de corrupción acentuados en los últimos años. Zonas liberadas, peajes para trabajo informal en las calles, comercios que pagan extra para que no les roben, son ejemplos cotidianos de un sistema que parece no tener fin. Cualquier vecino es testigo de lo que pasa en su barrio. El miedo y el “no te metas” oculta todo. Los responsables que hacen la “vista gorda” tienen nacionalidad y con decisión política también se sabe el cargo, la dirección, el nombre y su apellido.
«La Argentina es un referente en materia de derechos de las personas migrantes. Estos derechos están amparados por la Constitución Nacional, por la Ley 25.871 y por los convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos a los cuales Argentina ha adherido» por lo menos esas son la letra que en los discursos una y otra vez autoridades oficiales repiten y que escuchamos, pero que en la realidad no se aplica. La inseguridad y el delito, la desinformación pública, la ignorancia de nuestros derechos; la discriminación en las calles y en los grandes medios de comunicación y el abuso y la hipocresía de las autoridades, acentúan diversos problemas que miles de familias inmigrantes padecen en la Argentina de hoy.
Se siguen presentando formas de discriminación en escuelas, hospitales y centro de trabajo. Citamos un ejemplo del mercado laboral: El ingreso mensual que perciben los trabajadores migrantes en Argentina es al día de hoy, 23 por ciento inferior al promedio de la economía. Un documento elaborado por el Centro de Investigación en Trabajo, Distribución y Sociedad (Citradis) evidencia que las bajas remuneraciones de migrantes bolivianos, paraguayos y peruanos están directamente vinculadas con la informalidad de su inserción laboral: cinco de cada diez trabajadores migrantes siguen siendo (a pesar de las últimas leyes) precarizados por sus empleadores. Los investigadores sostienen que esas diferencias se extienden más allá del mercado de trabajo, por ejemplo en el acceso a la vivienda, profundizando su vulnerabilidad social.
Desde hace unos meses somos testigos de declaraciones de funcionarios públicos que relacionan a los extranjeros con la delincuencia. Autoridades, legisladores y diversas ONGs han denunciado ante Ministerios, fiscalías y organismos oficiales la connivencia (con datos precisos) de las grandes mafias con las fuerzas del orden. Si los organismos de justicia y seguridad no pueden resolver, que queda a la población común. ¿Hipocrecía o encubrimiento?. Es urgente una política estatal seria que contemple la erradicación de actitudes prejuiciosas y excluyentes. Y que combata la corrupción.
