Luego de décadas años de promesas, la Villa 31, sus habitantes se emocionan cuando expresan su deseo de tener una vivienda digna en la barriada más emblemática de Buenos Aires, a la que distintos gobiernos quisieron borrar del mapa y que ahora busca integrarse a la ciudad mediante un proyecto que prevé que sus 40.000 habitantes cuenten en unos tres años con casas seguras, alcantarillado, electricidad y espacios verdes.
Desde su nacimiento en la década de 1930 el asentamiento ha sido un símbolo de resistencia. La dictadura militar de 1976 a 1983 destruyó viviendas y trasladó compulsivamente a cientos de sus ocupantes. A mediados de los 90 los vecinos se enfrentaron a las topadoras que se abrían paso para construir una autopista. Finalmente en 2009 y gracias a su lucha se aprobó una ley para urbanizar el barrio. La villa está situada en una zona adyacente a una de las principales estaciones ferroviarias y cerca de las altas torres de oficinas del centro capitalino y del coqueto barrio de Recoleta.
El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta «planteó que para 2023 no haya más barrios informales en la ciudad… el Barrio 31 tiene una representación simbólica tanto para los habitantes que están acá hace muchos años luchando para que esto ocurra como para los de todo el país», dijo a AP Diego Fernández, secretario de Integración Social y Urbana de la capital.
«Si ellos hablan de sacarnos y mandarnos a un sitio mejor, ¿por qué no construyen ya las casas, nos enseñan cómo van a ser, para que los vecinos podamos ir a verlas?», se quejó a AP Jonathan Vásquez, un peruano que vive en una casa sin cimientos. Los funcionarios deben lidiar a diario con quienes no ven resultados rápidos de las obras que comenzaron en julio, no están seguros de recibir viviendas adecuadas y desconocen cómo se les va a reconocer la propiedad de las casillas que habitan.
Agustina Márquez, del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani, señaló a AP que también hay al menos un 30% de inquilinos «que no saben qué pasará con ellos cuando se haga la regularización del dominio de las propiedades» que otros construyeron. El gobierno trabaja en un plan para pagar las tierras a través de créditos blandos a largo plazo que a su vez permita formalizar las relaciones de alquiler. El 52% del barrio, donde conviven argentinos, paraguayos, peruanos y bolivianos, no tiene cloacas o no recibe agua potable en los volúmenes adecuados.
El gobierno ya restauró unas 80 viviendas en las que fueron instalados pisos y cañerías nuevas, según constató AP. Sus fachadas fueron remodeladas y las escaleras externas por las que los vecinos suben a las habitaciones superiores fueron reforzadas. A su vez trasladará la sede del Ministerio de Educación capitalino y construirá tres escuelas y varios centros de salud con financiación del BID, que también mudará su sede en Argentina al barrio.
«El BID piensa tener su principal oficina fuera de Washington en la región y la más grande no solo en Buenos Aires sino en la villa porque es el que puede ayudar a hacer ese puente hacia el futuro», dijo el titular de la institución, Luis Alberto Moreno, durante una visita al asentamiento semanas atrás. Está previsto asimismo que un banco público y un local de McDonald´s abran sus puertas en el corazón de la barriada, donde a falta de transporte público muchos vecinos transitan en motos con carros acoplados.
La peruana Tania Villanueva, de 33 años, dijo que está dispuesta a pagar por los servicios siempre que sean iguales a los de los barrios acomodados porque «si quieres sacar un préstamo en el banco te piden un recibo de agua o de luz». Los 930 comercios que funcionan en la villa también tributarán.
