
Se agiliza la deportación y la prohibición del ingreso de extranjeros vinculados al delito al paÃs. Luego de una semana de especulaciones, el presidente, Mauricio Macri, le puso la firma al decreto que endurece los controles migratorios en la Argentina: a través del BoletÃn Oficial, el Gobierno Nacional formalizó cambios en la Ley de Migraciones (25.871) mediante el decreto 70/2017. Se acortan asà los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales.
* No podrán entrar narcotraficantes al paÃs. Se trata de quienes tengan condenas sobre casos relacionados a este tipo de delitos. El inciso C del artÃculo 29 de la ley actual impide entrar a quienes están en condiciones de «haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilÃcitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más».
* Divide a los delitos entre comunes y, por otro lado, al tráfico de drogas, personas, armas, órganos y tejidos (categorÃa nueva) lavado, inversiones ilÃcitas.
* Tampoco podrán entrar al paÃs quienes tengan antecedentes penales en el paÃs de origen o antecedentes de haber participado de alguna organización de crimen organizado, como narcotráfico, trata, trafico de órganos. Esto es independiente de que haya condena. Y «sólo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión».
* Los inmigrantes que hayan pagado para ser traÃdos al paÃs podrán obtener la residencia y evitar la expulsión si colaboran para dar con el traficante de personas que lo trajo a la Argentina.
* Tendrán impedido el ingreso a Argentina las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales.
* Hasta ahora la prohibición de reingreso al paÃs luego de una expulsión era de cinco años. Con la nueva norma será de ocho años por delitos dolosos y 5 años por delitos culposos.
* El decreto alcanza a las residencias en trámite. Y puede dar de baja la residencia en determinados casos: fraude en la documentación y condenas (estén o no firmes) por los delitos arriba mencionados.
* Se cancela la residencia permanente «a quien hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un perÃodo superior a dos años o la mitad del plazo acordado, si se trata de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedezca al ejercicio de una función pública argentina o se haya generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que pudiesen ser de interés»
* Quienes no tengan los medios económicos tendrán derecho a un abogado gratuito que los asista.
El boletÃn considera que la Argentina, actualmente, vive «una situación crÃtica que amerita la adopción de medidas urgentes».











