Alexandra Porras Inga, de 18 años, y Carlos Campos Zapata, de 19, murieron electrocutados la mañana del domingo mientras limpiaban un establecimiento de McDonald’s en Lima. Los dos jóvenes eran pareja y trabajaban para poder pagar sus estudios, según ha contado la madre de Porras. El caso ha indignado a Perú. La empresa impidió el acceso a los bomberos y a funcionarios municipales y no entregó hasta el lunes las grabaciones de las cámaras de seguridad. El abogado de uno de los fallecidos ha denunciado que los administradores pidieron a otros trabajadores que modificaran su versión de lo ocurrido.
Sus jornadas llegaban a ser de 12 horas diarias, aseguró la madre de Porras, que contaba que su hija decía que «los explotaban mucho, tenían que hacer muchas cosas y cuando descansaba lo hacía un rato parada”. Tras las denuncias públicas, la empresa Arcos Dorados Perú, que opera la franquicia en el país sudamericano, decidió el lunes cerrar todos sus establecimientos este martes y miércoles, según anunció en un comunicado. “En relación a la terrible pérdida de nuestros colaboradores Carlos Campos y Alexandra Porras, queremos anunciar que hemos decretado dos días de duelo, por lo que todos nuestros establecimientos permanecerán cerrados en todo el país, sin afectar las condiciones remunerativas de nuestros colaboradores”, indica el documento. Pese a las críticas desatadas, la empresa asegura que ha brindado “toda la colaboración a las autoridades para el pronto esclarecimiento”.
La abogada de la familia Porras, Elizabeth Carmona, asegura que cuando llegaron al establecimiento de comida rápida encontraron cables expuestos. También aseguró en un noticiero de televisión que un ex trabajador del mismo establecimiento denunció a los administradores por hacerlo trabajar en un ambiente inseguro y lo despidieron. “Les ganó incluso y lo tuvieron que indemnizar”, añadió, según informan medios locales. La empresa ha negado que los cables tuvieran alguna «relación con el hecho sucedido». «Lo que pasó es que quedaron expuestos debido a que fueron jalados por una persona ajena a la empresa, en los exteriores del local, luego de haber sucedido el accidente”, aseguró, según informa el diario El Comercio.
Tras conocerse este caso, cientos de ciudadanos han denunciado en Facebook y Twitter las situaciones de precariedad laboral a las que se enfrentaron como trabajadores en franquicias de comida rápida en Lima. La noche del lunes, en la plaza de armas de Arequipa, al sur de Perú, un grupo de ciudadanos protestó contra «la explotación laboral» frente a un restaurante de McDonald. En Lima, un colectivo de jóvenes feministas congregó a unas 100 personas en un plantón frente a un local de la franquicia en el céntrico Miraflores al final de la tarde del martes. Con la consigna «el capitalismo mata», durante casi tres horas protestaron contra «la explotación laboral del modelo neoliberal» y pidieron justicia para los fallecidos.
Dos inspectores de la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil) acudieron el domingo a inspeccionar el lugar y este martes un segundo equipo se sumó para preparar el informe de este caso que tendrá que estar terminado en menos de un mes.
Sunafil informó a EL PAÍS que en lo que va de 2019 ha realizado, de oficio, 25.206 inspecciones por riesgo de incumplimiento de la normativa laboral, y de estas el 17% correspondían al sector de hoteles y restaurantes, es decir, 4.389. Además, la Superintendencia realizó 2.231 inspecciones este año en hoteles y restaurantes como producto de denuncias recibidas, “el 6% del total de inspecciones”, precisó por correo electrónico. Según el anuario estadístico 2018 del Ministerio de Trabajo, el año pasado hubo 160 accidentes mortales en Perú y 81 accidentes por contacto con electricidad. Respecto de 2019, el mismo Ministerio ha registrado 194 accidentes mortales de trabajo hasta octubre. A estos se suman los de este domingo. (EP)