Desde el 07 de octubre los ciudadanos venezolanos que residen en Pisco deberán tramitar su carnet de identificación y permanencia. Asà lo señala una publicación del municipio provincial en su cuenta de Facebook en la que se enfatiza que el empadronamiento es de “condición obligatoria para permanecer en Pisco y sus distritos».
En la publicación también se señala que los venezolanos residentes deberán presentar sus documentos personales, permiso temporal de trabajo y señalar el lugar de residencia.
“Hacemos extensiva esta comunicación a todas las personas de nacionalidad venezolana a acercarse desde el 07 de octubre del 2019 al Pool de Maquinarias (Esquina de Ramón AspÃllaga y López de Alarcón) de 8:00 AM a 3:00 PM portando sus documentos personales con el fin de obtener un carnet de identificación y permanenciaâ€, indica el comunicado en la cuenta de Facebook.
Al respecto, la Superintendencia Nacional de Migraciones, entidad encargada de ejecutar la polÃtica migratoria interna, señaló a este Diario que dicha actividad no tienen valor migratorio y no participará. Fuente de esta superintendencia indicó que se trata de una iniciativa municipal. Del mismo modo, el Ministerio de Salud, cuyo logo aparece en la publicación, descartó alguna intervención de este tipo.
¿Quién se encarga del control migratorio? Para el especialista en derecho municipal, Jorge Villalobos, con esta medida el municipio provincial de Pisco estarÃa usurpando funciones y los ciudadanos venezolanos estarÃan en la potestad de interponer una demanda de acción de amparo o de hábeas corpus. La entidad encargada de realizar estas actividades es la Superintendencia Nacional de Migraciones.
“Si el empadronamiento es con fines de quien va a vivir en Pisco o la calidad migratoria, eso no le corresponde [al municipio]. Si tiene previsto brindar un apoyo social, eso se justificarÃa por saber a quién se va a ayudarâ€, indicó Villalobos a este Diario.
Por otro lado, la DefensorÃa del Pueblo ha rechazado esta medida pues se encuentra fuera de la ley. “La medida está absolutamente fuera del marco legal que permite trabajar a las municipalidades. Es una medida ilegal y que por sus tintes tiene carácter discriminatorio y puede traer graves consecuencias para los venezolanosâ€, precisó Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos del referido organismo.
Agregó que la oficina defensora de Ica está solicitando información al municipio y que rectifique el acuerdo.. “Creemos de buena fe que se han equivocadoâ€, añadió. La ejecución de este empadronamiento podrÃa generar consecuencias penales para el municipio. (EC)
