El gobierno, que busca reducir el d茅ficit fiscal, intensific贸 este mes la baja de pensiones por no cumplir todos los requisitos pero sin tomar en cuenta la situaci贸n socio-ambiental de los hasta ahora beneficiarios. Adem谩s dej贸 de entregar desde hace un a帽o nuevos certificados de discapacidad.
En los 煤ltimos d铆as el Gobierno inici贸 una revisi贸n de la n贸mina de perceptores de las pensiones por invalidez, que representan la mayor parte de los 1,8 millones de beneficiarios de las denominadas 芦no contributivas禄. Esto fue debido a que percibi贸 un singular crecimiento, incompatible con un pa铆s que no ha sufrido cat谩strofes humanas de ninguna 铆ndole que las justificaran.聽Seg煤n dio cuenta en un informe el economista Federico Mu帽oz, entre 1999 y 2002 el total de perceptores del subsidio, por diferentes grados de incapacidad, oscil贸 entre 72.000 y 79.000 personas. Pero con la llegada a la presidencia de N茅stor Kichner comenz贸 un ciclo de incorporaci贸n a un ritmo in茅dito: 81.359 en los siete meses de gesti贸n en 2003 hasta 230.847 al fin del mandato. El proceso se intensific贸 en los ocho a帽os de gobierno de Cristina Elizabet Kirchner, porque incorpor贸 unas 500 mil personas en sus primeros cuatro a帽os y agreg贸 otras 350 mil en el siguiente.
Sin embargo, los n煤meros que difundi贸 el聽presidente de la Comisi贸n Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que desde diciembre de 2015 conduce Carolina Stanley, quien luego da la instrucci贸n de pago a la Anses, parten de 180 mil beneficiarios en 2003 y escalan hasta 1,8 millones doce a帽os despu茅s.聽Semejante din谩mica no se corresponde con un escenario de paz y ausencia de cat谩strofes que provocaran un crecimiento de esa magnitud de la incapacidad laboral de la poblaci贸n argentina.
Se estima que entre 13% y 15% de la poblaci贸n argentina sufre alg煤n tipo de discapacidad. La pensi贸n m铆nima por discapacidad es de 4.400 pesos (250 d贸lares), la mitad de un sueldo m铆nimo, pero la mayor铆a cobra 7.000 (437 USD). Entre enero y lo que va de junio fueron dadas de baja o suspendidas 83.133 pensiones no contributivas, seg煤n datos oficiales, frente a poco m谩s de un mill贸n que hab铆a otorgadas hace un a帽o sobre 40 millones de habitantes. Otro criterio para suspender el beneficio es que el c贸nyuge tenga un salario mayor a 20.000 pesos (1.250 d贸lares), apenas por arriba de los 14.090 pesos que eran necesarios en marzo para que una familia tipo no cayera en la pobreza.
芦Es un grave error lo que est谩n haciendo, invocan a esa resoluci贸n que establece una ayuda asistencial solo en casos de ‘extrema indigencia’, lo que se contradice con tratados internacionales y sobre todo con la Convenci贸n de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarqu铆a constitucional禄, advirti贸 la diputada socialista Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisi贸n de Discapacidad.
A partir de all铆, y de la contundencia de las estad铆sticas oficiales sobre el crecimiento de las pensiones no contributivas, el Ministerio de Desarrollo Social inici贸 un proceso de depuraci贸n de la n贸mina, para que el beneficio alcance exclusivamente a quienes realmente lo necesitan, y en los t茅rminos que define la legislaci贸n vigente.
