POLÉMICA: Macri recortó pensiones a discapacitados. Durante el kirchnerismo, las pensiones por invalidez pasaron de 180 mil a 2 millones

El gobierno, que busca reducir el déficit fiscal, intensificó este mes la baja de pensiones por no cumplir todos los requisitos pero sin tomar en cuenta la situación socio-ambiental de los hasta ahora beneficiarios. Además dejó de entregar desde hace un año nuevos certificados de discapacidad.

En los últimos días el Gobierno inició una revisión de la nómina de perceptores de las pensiones por invalidez, que representan la mayor parte de los 1,8 millones de beneficiarios de las denominadas «no contributivas». Esto fue debido a que percibió un singular crecimiento, incompatible con un país que no ha sufrido catástrofes humanas de ninguna índole que las justificaran. Según dio cuenta en un informe el economista Federico Muñoz, entre 1999 y 2002 el total de perceptores del subsidio, por diferentes grados de incapacidad, osciló entre 72.000 y 79.000 personas. Pero con la llegada a la presidencia de Néstor Kichner comenzó un ciclo de incorporación a un ritmo inédito: 81.359 en los siete meses de gestión en 2003 hasta 230.847 al fin del mandato. El proceso se intensificó en los ocho años de gobierno de Cristina Elizabet Kirchner, porque incorporó unas 500 mil personas en sus primeros cuatro años y agregó otras 350 mil en el siguiente.

Sin embargo, los números que difundió el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que desde diciembre de 2015 conduce Carolina Stanley, quien luego da la instrucción de pago a la Anses, parten de 180 mil beneficiarios en 2003 y escalan hasta 1,8 millones doce años después. Semejante dinámica no se corresponde con un escenario de paz y ausencia de catástrofes que provocaran un crecimiento de esa magnitud de la incapacidad laboral de la población argentina.

Se estima que entre 13% y 15% de la población argentina sufre algún tipo de discapacidad. La pensión mínima por discapacidad es de 4.400 pesos (250 dólares), la mitad de un sueldo mínimo, pero la mayoría cobra 7.000 (437 USD). Entre enero y lo que va de junio fueron dadas de baja o suspendidas 83.133 pensiones no contributivas, según datos oficiales, frente a poco más de un millón que había otorgadas hace un año sobre 40 millones de habitantes. Otro criterio para suspender el beneficio es que el cónyuge tenga un salario mayor a 20.000 pesos (1.250 dólares), apenas por arriba de los 14.090 pesos que eran necesarios en marzo para que una familia tipo no cayera en la pobreza.

«Es un grave error lo que están haciendo, invocan a esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de ‘extrema indigencia’, lo que se contradice con tratados internacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional», advirtió la diputada socialista Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad.

A partir de allí, y de la contundencia de las estadísticas oficiales sobre el crecimiento de las pensiones no contributivas, el Ministerio de Desarrollo Social inició un proceso de depuración de la nómina, para que el beneficio alcance exclusivamente a quienes realmente lo necesitan, y en los términos que define la legislación vigente.