POL√ČMICA: Avanzan medidas para limitar los movimientos de los inmigrantes en Argentina

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e Jujuy a Tierra del Fuego, en las √ļltimas semanas proliferaron las iniciativas de provincias que buscan tomar medidas para limitar el acceso a la salud de los extranjeros y restringir la circulaci√≥n de aquellos con antecedentes penales.

El avance de esas medidas deja en evidencia la decisi√≥n de vincular a los inmigrantes con el alza de la criminalidad o el colapso del sistema sanitario. Pero los especialistas en derecho advierten sobre la inconstitucionalidad de normativas provinciales que vayan en contra de la ley nacional de migraciones. ¬ęLa inmigraci√≥n es competencia del Estado federal¬Ľ, explican.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aceler√≥ la instalaci√≥n de la agenda a partir de la decisi√≥n de expulsar a los extranjeros que delinquen. Tuvo eco en las provincias de Chubut, donde se dict√≥ un decreto que proh√≠be el ingreso de extranjeros con antecedentes, y en Tierra del Fuego, donde se est√° analizando una medida similar. En Jujuy, se discuti√≥ el peso de los extranjeros en la salud p√ļblica y en Comodoro Rivadavia analizan cobrarles los insumos m√©dicos, algo que ya ocurre en Misiones. Si bien en algunos casos parecen m√°s intimidaciones que medidas efectivas, los analistas advierten el peligro de la construcci√≥n del ¬ęotro como amenaza¬Ľ.

La punta de lanza la dio Jujuy, que el 6 de febrero y luego de un agitado debate, aprob√≥ una ley que elimina el sistema de salud p√ļblica gratuita para inmigrantes que no residan en la provincia. Tendr√°n que tramitar un seguro de salud que costar√° entre 20 y 30 d√≥lares, seg√ļn explic√≥ Gustavo Bouhid, ministro de Salud provincial.

El caso de Manuel Vilca, el juje√Īo que sufri√≥ un accidente en Bolivia y no pod√≠a pagar el precio de una operaci√≥n all√≠, m√°s otro similar ocurrido en Chile, reavivaron la pol√©mica por la gratuidad y la universalidad de los servicios de salud.

En consonancia con la experiencia juje√Īa, hace dos d√≠as Miryam Monasterolo, la directora del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, se refiri√≥ al ¬ęturismo de salud¬Ľ que existe en la zona y anticip√≥ que el hospital insistir√° con cobrar insumos m√©dicos a los extranjeros que se atiendan all√≠ por intervenciones quir√ļrgicas que no revistan urgencias.

Tambi√©n en Chubut, el gobernador Mariano Arcioni firm√≥ el martes pasado un decreto que plantea expulsar y prohibir el ingreso a la provincia a extranjeros con antecedentes penales. Arcioni relacion√≥ directamente la cantidad de delitos con la presencia de extranjeros: ¬ęNo podemos permitir la delincuencia importada ni de ning√ļn tipo en nuestro territorio¬Ľ, afirm√≥. Algo similar plante√≥ el ministro de gobierno fueguino, Jos√© Luis √Ālvarez. ¬ęDebemos cuidar nuestra provincia de aquellas personas que no vienen a trabajar, sino a delinquir¬Ľ, dijo.

La convivencia cotidiana con sus vecinos es parte del ADN de Misiones. Hist√≥ricamente los paraguayos usaron el sistema de salud p√ļblica del lado argentino, en especial los servicios de alta complejidad como di√°lisis, tratamientos oncol√≥gicos o trasplantes. Pero en los √ļltimos a√Īos Misiones empez√≥ a hacer valer un viejo convenio que hab√≠a entre la provincia y el gobierno paraguayo, por el cual la provincia recupera los gastos.

Las cifras indican que los inmigrantes representan menos del 5% de la poblaci√≥n del pa√≠s y se estima que su trabajo contribuye con alrededor de un 4% del producto bruto interno (PBI). M√°s del 80% de ellos provienen de pa√≠ses lim√≠trofes, a excepci√≥n de los venezolanos, que el a√Īo pasado y en un hito hist√≥rico superaron a la tradicional inmigraci√≥n paraguaya y boliviana. En 2018 se tramitaron 221.892 radicaciones (84.575 permanentes y 137.317 temporarias). Las cinco primeras nacionalidades que ingresaron fueron venezolana, paraguaya, boliviana, colombiana y peruana.

Con respecto a su incidencia en el delito, los extranjeros representan un 6% del total de detenidos en el país. Si se contabiliza solamente a los presos en cárceles federales, esta cifra puede llegar al 20%, porque contempla a crímenes como el narcotráfico, la trata de personas o el contrabando, que suelen ser transnacionales.

En cuanto a su participaci√≥n en la salud, un informe de la Organizaci√≥n Internacional del Trabajo (OIT) detect√≥ que, dada la escasa prevalencia de la poblaci√≥n migrante sudamericana sobre la poblaci√≥n total, el impacto que ella ejerce sobre los servicios que prestan los hospitales p√ļblicos y los CAPS resulta escaso. Otro informe de la OIT publicado en julio pasado analiz√≥ a los trabajadores inmigrantes en la Argentina y concluy√≥ que la inmigraci√≥n no suele asociarse con la p√©rdida de empleo o la reducci√≥n de ingresos entre la poblaci√≥n aut√≥ctona.

En un a√Īo electoral complejo para el Gobierno por el impacto negativo de la crisis econ√≥mica, la apelaci√≥n a la agenda de la seguridad le dio ox√≠geno a la administraci√≥n macrista porque apunt√≥ a uno de los temas que m√°s preocupa a la gente, seg√ļn las encuestas. Sin embargo, pese a las intenciones de los gobernadores, los especialistas en derecho hablan de la inconstitucionalidad de normativas provinciales que vayan en contra de la ley nacional de migraciones. ¬ęLa inmigraci√≥n es tema de competencia del Estado federal. Las provincias no pueden de ninguna manera arrogarse estas facultades¬Ľ, explic√≥ Daniel Sabsay, abogado constitucionalista. Para Andr√©s Gil Dom√≠nguez, un decreto provincial de esta naturaleza implica una secesi√≥n territorial parcial de la provincia respecto de la unidad del Estado federal, ¬ęuna suerte de escisi√≥n catalana en materia migratoria con negativas consecuencias jur√≠dicas que pueden desembocar en la intervenci√≥n federal¬Ľ

Para Juan Gabriel Tokatlian, profesor plenario de la Universidad Di Tella y Ph.D en Relaciones Internacionales, estamos ante una reconstrucci√≥n del miedo y del ¬ęotro¬Ľ como amenaza bajo criterios oportunistas y electorales. ¬ęLo m√°s problem√°tico es que se quiere enraizar una nueva grieta en el contexto de un pa√≠s crecientemente fracturado, empobrecido y angustiado. En vez de procurar una pol√≠tica s√≥lida y sustentable, pol√≠tica y socialmente, para abordar los fen√≥menos criminales concretos, se opta por ahondar divisiones, temores y frustraciones¬Ľ.

Horacio Garc√≠a, director general de Migraciones, explica: ¬ęTenemos que resolver c√≥mo la persona que rompi√≥ el pacto de confianza con la sociedad que le abri√≥ las puertas contin√ļa su vida en el lugar de donde vino. Pero el gran tema es c√≥mo orientamos a los inmigrantes a los lugares en los que m√°s se necesita su trabajo¬Ľ.

El 8 de este mes, el Centro de Estudios Sociales y Legales denunci√≥ ante la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos lo que considera graves medidas regresivas en materia de derechos de las personas migrantes en el pa√≠s. Garc√≠a rechaza estos planteos. ¬ęEn los √ļltimos tres a√Īos se radicaron 670.000 personas y hemos expulsado a 1140. Evidentemente es un sistema al que no le falta mesura y equilibrio, y somos muy racionales a la hora de tomar estas decisiones¬Ľ, explic√≥. (LN)

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