El Caso Madre MÃa, relacionado a una presunta violación de derechos humanos, vuelve a acechar al ex presidente Ollanta Humala. La Unidad de Investigación de El Comercio reveló la información contenida en 111 audios obtenidos a través de interceptaciones telefónicas al ex mandatario, su esposa Nadine Heredia y su cÃrculo más cercano de ambos.
Las grabaciones revelan principalmente la presunta compra de testigos en el Caso Madre MÃa —con el objetivo de que se absuelva al ex presidente Ollanta Humala— y coordinaciones por los aportes al Partido Nacionalista en la campaña presidencial del 2011.
Dichos que, sin embargo, esconden inexactitudes detalladas a continuación:
1. «Audios sobre Madre MÃa no tienen validez legal»
El ex presidente Ollanta Humala basó parte de su defensa en la presunta «procedencia ilÃcita» de las grabaciones. «El juez dispuso realizar interceptaciones telefónicas exclusivamente vinculadas al caso [de presuntos vÃnculos con el terrorista] Artemio. Al terminar ese caso, se debieron eliminar los audios vinculados a otros temas», sostuvo el ex mandatario.
«Es por ello que las grabaciones [vinculadas al Caso Madre MÃa] no tienen validez legal», agregó Humala.
Esto es falso.
La interceptación telefónica fue autorizada por un juez. A pesar de que el hallazgo no haya estado vinculado al presunto delito por el cual se dio la autorización, las escuchas no se consideran pruebas obtenidas de forma ilÃtica.
Además, si es que en plena búsqueda de evidencias de un caso se encontraran pruebas sobre delitos que no se le imputaban al acusado inicialmente, la nueva evidencia no queda invalidada. Esta no podrÃa ser incluida en el proceso en curso, pero sà podrÃa ser utilizada para abrir otro caso por los nuevos delitos descubiertos.
«La evidencia obtenida lÃcitamente, aunque sea de casualidad, puede utilizarse. Si uno entra a la casa de un asesino para buscar un arma utilizada en el crimen y en el camino encuentra a un rehén, ¿no podrÃa acusar al delincuente por secuestro? Eso es absurdo», indica el abogado penalista César Azabache.
2. «El Caso Madre MÃa es cosa juzgada»
En otro momento de la conferencia, Humala aludió al concepto de «cosa juzgada», el cual consiste en que los procesos judiciales resueltos no pueden reabrise. «Los hechos ya fueron investigados, el proceso judicial fue archivado y hoy tiene categorÃa de cosa juzgada», enfatizó el ex mandatario.
Esto es una media verdad.
Las normas peruanas, efectivamente, no permiten reabrir un caso que haya tenido una resolución favorable para el acusado. Es decir, la legislación solo permite una revisión del proceso si es que la persona fue condenada de forma injusta.
Sin embargo, al ser un caso vinculado a presuntos delitos de lesa humanidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sà podrÃa anular el proceso. «Si en base a estas nuevas pruebas se interpone un recurso ante la Corte IDH, esta podrÃa anular la absolución del ex presidente Humala», sostiene el abogado penalista Carlos Caro.
La única forma de que llegue a la Corte IDH es que el Estado presente el caso ante esta. No obstante, cualquier ciudadano podrÃa presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Los familiares de las vÃctimas o cualquier Organización No Gubernamental (ONG) puede acudir a la Corte, a través de la Comisión. De acreditarse la conducta fraudulenta, la CIDH podrÃa ordenar que se realice un nuevo proceso», según el también penalista Luis Vargas Valdivia.
3. «Mi gobierno no tuvo estas prácticas»
Ollanta Humala no solo cuestionó las interceptaciones de las cuales fue vÃctima. También culpó al ex presidente Alan GarcÃa por haber permitido este tipo de prácticas y enfatizó en que su gobierno «jamás» las tuvo. «En mi gobierno jamás tuvimos este tipo de prácticas contra polÃticos. No lo hubiese permitido», dijo el ex presidente.
Esto es falso.
A inicios del 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, se acusó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de realizar acciones de seguimiento e interceptaciones telefónicas contra el ex presidente Alan GarcÃa, la ex congresista Keiko Fujimori e incluso contra la entoncres vicepresidenta Marisol Espinoza.
Tras la denuncia, el gobierno nacionalista anunció en marzo el cierre de la DINI por 180 dÃas para una «reestructuración total».
Si bien la Comisión de Inteligencia del Congreso aprobó absolver a la DINI por no poder comprobar la existencia de un reglaje, un informe en minorÃa sà halló responsabilidad en dicho organismo. «Sà hubo seguimiento a Marisol Espinoza», señaló la entonces vicepresidenta de ese grupo de trabajo, Luz Salgado.
4. «Audios no contienen información sobre aportes de campaña»
Finalmente, Ollanta Humala evitó pronunciarse sobre el contenido de las grabaciones. Solo se remitió a señalar estas «no contienen información sobre supuestos aportes de campaña».
Esto es falso.
Según información a la que tuvo acceso El Comercio, las transcripciones de los audios sà incluyen conversaciones relacionadas al financiamiento de la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2011.
La potencial procedencia ilÃcita de algunos aportes precisamente motivó la investigación que la FiscalÃa Especializada en Lavado de Activos le sigue hoy tanto al ex presidente Ollanta Humala como a su esposa Nadine Heredia.
