Padres de mil alumnos imputados por amenazas de bomba pagarán multas de 60 mil pesos

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Unos 1000 padres de alumnos que asisten a escuelas de la provincia deberán responder por amenazas de bomba falsas hechas por sus hijos en el último año. Los adultos -en su mayoría padres de alumnos de escuelas públicas y de familias de escasos recursos- podrían enfrentar penas que parten desde los $60.000. Este es el costo que supone para el erario el hecho de movilizar, ante cada amenaza a un edificio público, personal de la policía, de bomberos, de la dirección antiexplosivos y ambulancias.

Las causas se inician en sede penal por el delito de intimidación pública sobre la base del artículo 211 del Código Penal cuando la policía interviene en las denuncias luego de las llamadas al 911.Un vez que se forma la causa, la Fiscalía de Estado se presenta en la querella como particular damnificado.

El organismo interviene en la causa penal y con los elementos de prueba reunidos interpone luego una demanda civil. En la mayoría de los casos los responsables de las amenazas falsas son menores y, por lo tanto, son sobreseídos en la sede penal. Sin embargo, sus padres deben responder patrimonialmente ante la Justicia Civil por el perjuicio ocasionado al erario.

En marzo pasado se dictó la primera condena contra un joven que hizo amenazas en una escuela pública de Morón. Debió pagar $60.000 y realizar tareas comunitarias.

Ahora la Justicia buscará responsabilizar a los alumnos mayores de edad o a los padres de los menores para que respondan con su patrimonio. Así se promueve desalentar nuevos episodios que provocan la suspensión de clases.

La inmensa mayoría de los autores identificados son menores de edad, que no son punibles penalmente por el delito. Pero una vez que el Estado logra acreditar que desde el teléfono de un adulto se produjo la amenaza puede iniciar una demanda civil al padre del menor. En muchos casos se pide una inhibición general de bienes. Luego se tramita una causa civil. «No hace falta una condena penal sobre el imputado para que se pueda iniciar el reclamo civil. De hecho, muchas veces no se llega a la condena e igual se hace el reclamo patrimonial», explicaron fuentes judiciales.

La mayor parte de las amenazas se registraron el año pasado en los departamentos judiciales de Moreno, Lanús y La Plata. En esta capital se acumularon 600 amenazas de bomba solo en 2018. Hubo momentos en que se registraron 30 diarias. Berisso tuvo el mayor número de amenazas registradas en establecimiento educativos.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta investigó y logró esclarecer muchos de estos episodios. Hubo casos en que el mismo menor registró hasta 30 delitos por intimidación al orden público. En ese caso, por ejemplo, sus padres podrían ser demandados por casi $2 millones. (LN)

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