El gobernador de Chubut firmó un decreto para expulsar o prohibir el ingreso a extranjeros con antecedentes

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Con una decisión tomada por estas horas, Chubut quiere ser la primera provincia argentina que prohíba el ingreso o expulse a los extranjeros que comentan delitos o cuenten con antecedentes penales.

La decisión del gobernador Mariano Arcioni quedó así en medio de la polémica y fuertes dudas sobre su constitucionalidad.

Arcioni firmó un decreto que dice: «Disponer por intermedio del Ministerio de Gobierno la realización de aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de Chubut, de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero».

El texto dado a conocer afirma que será el Ministerio de Gobierno el encargado de firmar acuerdos con los organismos: «Impulsar la formalización de convenios vinculados con acciones recíprocas y de colaboración con la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Presidencia de la Nación».

«Si bien, todos los extranjeros que vienen a progresar y a establecerse con sus familias, contarán con todo el apoyo, aquellos que tienen la intención de delinquir, no van a poder ingresar a Chubut», dijo el ministro de Gobierno, Federico Massoni, a cargo de la aplicación.

Aseguró, además, que «el decreto contempla la expulsión de los extranjeros que cumplen condenas o con condenas no firmes. Asimismo, prohíbe el ingreso a Chubut de los extranjeros que cuenten con antecedentes».

«En la realidad actual de Chubut se demuestra que el aumento del número de delitos está relacionado con la presencia en el territorio de ciudadanos extranjero. Los chubutenses no podemos permitir la delincuencia importada ni de ningún tipo en nuestro territorio; y que cuando, con el esfuerzo del Estado y la Policía se los detiene, cada ciudadano aporte para mantenerlos», dijo Massoni.

Por su parte, y en su análisis, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, dijo que «es inconstitucional porque según nuestro sistema federal el manejo de las relaciones exteriores, esto estaría dentro del mismo, es del gobierno federal. De lo contrario el país sería una confederación con derecho de secesión».

Agregó: «Las provincias no pueden adoptar decisiones territoriales como si estuvieran escindidas del Estado federal. Esta es una de ellas».

«Disponer de la expulsión de extranjeros condenados en Chubut para mandarlos a otras provincias, implica desconocer nuestro sistema federal y las atribuciones que tiene el gobierno central. A su vez, transformaría a Chubut en una provincia secesionista. En este caso, tendría un territorio totalmente escindido del territorio federal y del resto de las provincias. Establecería una especie de frontera o aduana respecto de las otras provincias y el Estado federal. Es una barbaridad», sostuvo y dijo sobre antecedentes al respecto: «No recuerdo. Quizás antes de 1853». (D26)

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